El anuncio del gobierno federal de preparar un decreto para exigir a las plataformas digitales el retiro de contenidos relacionados con violencia, abuso y acoso abre una discusión que va más allá de la seguridad en internet: ¿hasta dónde puede llegar jurídicamente una obligación de eliminar publicaciones?
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un grupo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal trabajará en las nuevas reglas. El texto definitivo todavía no se conoce, por lo que no es posible afirmar cuáles serán sus obligaciones concretas ni evaluar su constitucionalidad antes de su publicación.
Proteger a menores es un fin legítimo, pero no elimina otros derechos
La Constitución mexicana reconoce la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Al mismo tiempo, el Estado tiene obligaciones reforzadas de protección de niñas, niños y adolescentes.
El desafío jurídico consiste en hacer compatibles ambos planos. Una regulación dirigida a contenidos que inciten directamente a la violencia puede perseguir un objetivo legítimo, pero su aplicación requiere criterios suficientemente claros para distinguir una amenaza o una incitación de expresiones informativas, periodísticas, artísticas, académicas o de denuncia.
¿Quién decide qué debe eliminarse?
Ésta será una de las preguntas centrales del decreto. Si una plataforma debe retirar contenido, la norma tendrá que precisar qué supuesto activa esa obligación, quién realiza la determinación, en qué plazo debe actuar la empresa y qué mecanismos existen para impugnar una eliminación errónea.
Una definición excesivamente abierta de conceptos como “violencia” o “contenido nocivo” puede incentivar la sobrerremoción: ante el riesgo de una sanción, una empresa puede optar por retirar más publicaciones de las estrictamente necesarias.
Debido proceso también en el entorno digital
La moderación privada de contenidos y una orden estatal de retiro no son jurídicamente idénticas. Cuando la autoridad impone obligaciones o sanciones, entran en juego principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y posibilidades efectivas de defensa.
Por eso será relevante conocer si el proyecto contempla avisos al usuario, motivación de las decisiones, mecanismos de revisión, conservación de evidencia y excepciones para contenidos de interés público.
Verificación de edad y privacidad
El gobierno también anunció que buscará fortalecer la regulación del acceso de menores a redes sociales y establecer mecanismos de verificación acordes con la edad. Ese objetivo plantea otro equilibrio: comprobar la edad sin convertir la protección infantil en una recopilación desproporcionada de datos personales.
El diseño deberá considerar las obligaciones de protección de datos y minimizar la información requerida para acreditar la edad.
Lo que falta conocer
Hasta que exista un texto normativo no puede concluirse que el proyecto constituya censura ni, en sentido contrario, que todas sus medidas sean compatibles con la Constitución. El examen jurídico dependerá de las definiciones, autoridades competentes, sanciones, procedimientos y salvaguardas que finalmente establezca.
La discusión de fondo no es si niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos frente a riesgos digitales, sino cómo construir esa protección sin generar facultades imprecisas para restringir expresiones legítimas.
