Cuatro jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte comenzaron a ser obligatorias el 19 de octubre de 2026. La entrega del Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 aborda la admisión del amparo directo en revisión, el cobro de seguros, la fiscalización municipal y las licencias de armas.
Este es el corte verificado para la edición de El Criterio de Litigio del 23 de octubre: son tesis publicadas el día 16, no una atribución anticipada a la entrega del día 23. Las cuatro corresponden a la Duodécima Época y están identificadas como jurisprudencia del Pleno.
Amparo: lo decidido sobre la admisión tiene efectos
La jurisprudencia P./J. 201/2026 (12a.), registro digital 2032761, establece como regla general que la resolución de una reclamación que confirma la admisión del amparo directo en revisión produce cosa juzgada respecto de los presupuestos de procedencia examinados: el problema de constitucionalidad y el interés excepcional.
Para el litigante, importa identificar exactamente qué resolvió la reclamación. El criterio no equivale a una decisión favorable sobre el fondo del amparo: se refiere a los requisitos de admisión que ya fueron analizados.
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Seguros: cuantificar puede quedar para la ejecución
La P./J. 202/2026 (12a.), registro 2032770, distingue el derecho a la indemnización de su expresión en una cantidad líquida. Si hay pruebas suficientes, el órgano jurisdiccional debe fijar el monto en la sentencia; si faltan elementos o hacen falta valoraciones técnicas, puede diferir la cuantificación a la ejecución, dejando bases para liquidarla.
Esto no elimina la necesidad de acreditar el contrato, el riesgo cubierto y los demás elementos de la acción. La diferencia está en cuándo y con qué bases se determina cuánto debe pagarse.
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Municipios: primero hay que identificar el recurso
La P./J. 203/2026 (12a.), registro 2032783, atribuye a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de recursos federales ejercidos por municipios. Los órganos estatales pueden revisar participaciones federales cuando exista un convenio de coordinación y colaboración con la ASF.
Incorporar el dinero a la hacienda municipal no basta para cambiar la competencia. La naturaleza del recurso y el convenio aplicable son piezas centrales para revisar la facultad de quien audita.
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Licencias de armas: medida inicial y decisión definitiva
La P./J. 204/2026 (12a.), registro 2032766, considera constitucional el artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos respecto de la audiencia previa. Distingue la cancelación inicial como medida provisional de la resolución definitiva que sigue al plazo para alegar y ofrecer pruebas.
El criterio no autoriza a omitir la defensa prevista en ese procedimiento. Para empresas de seguridad privada, resulta decisivo distinguir la medida inicial, la oportunidad de aportar pruebas y la resolución que cierra el trámite.
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Las notas de publicación de estas cuatro tesis señalan su difusión el 16 de octubre a las 10:26 horas y su obligatoriedad desde el lunes 19, conforme al punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).
Cómo comprobar el registro y la obligatoriedad de una jurisprudencia →
