El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García señaló que revisar las sentencias de la Suprema Corte con perspectiva de género y derechos humanos es prioritario para la actual administración. Durante un encuentro con organizaciones civiles, planteó examinar las barreras que separan el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres de su aplicación en los tribunales.
El encuentro Del papel a la justicia: transformar el sistema desde la experiencia de las mujeres reunió en la sede del tribunal a organizaciones civiles, activistas y defensoras para examinar las barreras que persisten en las prácticas judiciales.
Las decisiones judiciales, bajo la mirada de las mujeres
Guerrero explicó que el análisis debe apoyarse en datos empíricos y en las experiencias de las propias mujeres. El encuentro fue convocado por la SCJN, CEA Justicia Social y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, con participación de defensoras y activistas.
En su evaluación del desempeño judicial, el IMDHD identificó reproducción de estereotipos, omisiones de información sobre los procesos penales, deficiencias al valorar contextos de violencia y problemas en las reparaciones del daño, además de omisiones de tratados internacionales.
Verónica Garzón, integrante del Instituto, reconoció la elaboración de protocolos de la Corte para juzgar con perspectiva de género y consideró necesario revisar críticamente las acciones implementadas.
La protección y el avance de las investigaciones
María Ana del Valle Ojeda, de CEA Justicia Social, presentó un diagnóstico basado en las experiencias de 12 mujeres y una guía para visibilizar, prevenir y atender violencias de género en el sistema penal. Entre los datos de su intervención señaló que dos de cada tres denuncias de mujeres no avanzan más allá de la carpeta de investigación y que 27% de las denunciantes no contó con medidas de protección.
Verónica Garzón, del IMDHD, expuso un análisis sobre desempeño judicial que identificó omisiones de información a las mujeres, valoración deficiente de contextos de violencia y problemas en la reparación del daño.
El diagnóstico fue presentado en nombre de la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. La guía convierte sus hallazgos en herramientas para mejorar la actuación institucional.
Beatriz Maldonado, de Mujeres Unidas por la Libertad México, denunció carencia de defensores de oficio, desatención médica y obstáculos de reinserción social. El conversatorio estuvo dirigido principalmente a personal de la Corte y de otros órganos jurisdiccionales.
