La iniciativa de rentas presentada por Clara Brugada al Congreso capitalino recibió observaciones de colectivos de vivienda y especialistas que piden precisar sus procedimientos y fortalecer la protección de las personas inquilinas. Sus propuestas abarcan la defensoría, los aumentos excepcionales, las sanciones y la atención a desalojos.
Las organizaciones valoraron que se impulse una regulación, pero sostuvieron que el texto necesita correcciones para cumplir sus objetivos. Entre quienes suscriben el posicionamiento están el Frente por la Vivienda Joven, el Colectivo Edificio Isabel-Tacubaya y la oficina para América Latina de la Coalición Internacional del Hábitat.
¿A quién debe representar la defensoría?
Uno de los cuestionamientos se concentra en la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias. Los firmantes proponen orientar sus servicios a las personas arrendatarias y advierten posibles conflictos si la institución debe asistir tanto a propietarios como a inquilinos en controversias enfrentadas.
También solicitan presupuesto y personal suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, además de sanciones de mayor alcance. Plantean que las personas inquilinas puedan pedir medidas ante el incumplimiento del propietario de entregar la constancia de registro del contrato.
La discusión sobre los aumentos excepcionales
Los colectivos piden definir qué debe entenderse por una mejora sustantiva que permita incrementar la renta por encima de la inflación. Su planteamiento excluye el mantenimiento ordinario y propone límites para esa excepción, además de una autorización judicial.
En materia de desalojos, solicitan reforzar la intervención del Gabinete Social y agotar la mediación. También reclaman criterios que hagan efectiva la protección del arraigo de las personas residentes.
La propuesta sigue bajo discusión legislativa
El posicionamiento cuestiona los incentivos fiscales para contratos de varios años, particularmente cuando beneficien a grandes propietarios o empresas inmobiliarias. Además, pide vincular el debate con la regulación del hospedaje temporal en plataformas digitales.
Las observaciones son propuestas de modificación al proyecto enviado al Congreso. El posicionamiento recogido por Capital CDMX coloca en el centro de la discusión quién recibirá asistencia, cómo se resolverán los conflictos y qué capacidad tendrán las instituciones para intervenir.
