El nuevo modelo de verificación administrativa de la Ciudad de México cambia la forma en que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) revisará establecimientos mercantiles, particularmente los negocios de bajo impacto.
La modificación no significa que desaparezcan las facultades de verificación ni que ningún establecimiento pueda ser suspendido. El denominado Código Avisa introduce etapas preventivas para que determinados negocios puedan corregir incumplimientos antes de llegar a una medida cautelar.
¿Qué pasa con los negocios de bajo impacto?
Para giros como papelerías, tiendas de abarrotes, cafeterías y talleres mecánicos, el esquema contempla avisos sucesivos antes de una eventual suspensión. La autoridad notificará irregularidades y dará oportunidad de corregirlas.
Los establecimientos de impacto vecinal tendrán un esquema más corto de avisos. En los giros de alto impacto, como bares, cantinas, centros nocturnos y discotecas, los controles seguirán siendo más estrictos.
¿Cuándo pueden actuar de inmediato?
El esquema preventivo tiene excepciones. La autoridad podrá adoptar medidas inmediatas cuando exista riesgo para las personas o se detecten conductas graves, entre ellas venta de alcohol a menores, exceso de aforo u otras situaciones que comprometan la seguridad.
Por ello, recibir avisos antes de una suspensión no debe interpretarse como un derecho absoluto aplicable a cualquier infracción o giro.
Cómo identificar a un verificador
El nuevo modelo incorpora órdenes digitales trazables, credenciales con código QR, nuevos uniformes y cámaras corporales. Los responsables de establecimientos podrán utilizar Verificatel para comprobar la identidad y autorización del personal que realice una visita.
Las multas deberán pagarse mediante canales oficiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, no directamente al personal verificador.
Qué conviene revisar durante una visita
El responsable del establecimiento debe comprobar la identidad del personal, revisar la orden que sustenta la visita, conservar copia de las actuaciones y atender los plazos señalados para corregir posibles irregularidades. Si existe duda sobre la autenticidad del procedimiento, puede corroborarse mediante los mecanismos oficiales.
El cambio busca privilegiar la regularización frente a la sanción en determinados giros. Las facultades de la autoridad, sin embargo, permanecen: lo que cambia es el procedimiento y la gradualidad con la que se aplicarán algunas medidas.
