¿Quién debe responder cuando el cableado de telecomunicaciones permanece colgado, deteriorado o en desuso sobre la vía pública? La pregunta volvió al debate después de que la alcaldía Miguel Hidalgo denunciara un incidente ocurrido el 3 de octubre en Horacio y Arquímedes, donde un camión recolector se habría enredado con cables y derribado una escultura.
El alcalde Mauricio Tabe pidió el 12 de octubre coordinación entre autoridades locales y federales para exigir el retiro de instalaciones abandonadas y solicitó recursos para contratar especialistas que emitan dictámenes de riesgo.
Una responsabilidad distribuida
El problema exige distinguir tres ámbitos: las condiciones de seguridad y uso de la vía pública; los permisos y autorizaciones para realizar trabajos de instalación; y la supervisión de los operadores de telecomunicaciones. Cada uno puede involucrar autoridades y procedimientos diferentes.
La alcaldía sostuvo que no otorgará nuevas autorizaciones a empresas que no acrediten labores de limpieza y retiro de cables en desuso. La validez y el alcance de esa política deben examinarse conforme a las normas que regulan cada permiso, las atribuciones de la demarcación y las garantías de procedimiento aplicables.
¿Pueden retirarse concesiones?
Tabe también planteó la posibilidad de multas importantes o medidas sobre concesiones. Sin embargo, una sanción de esa naturaleza no deriva automáticamente de la queja de una alcaldía: requiere una competencia legal expresa, una infracción prevista en la norma y el procedimiento correspondiente ante la autoridad facultada.
La distinción importa porque una autorización para intervenir la vía pública no equivale a una concesión federal para prestar servicios de telecomunicaciones.
El costo de los cables en desuso
José Federico Piña Mendieta, funcionario de protección civil de Miguel Hidalgo, estimó que entre 25% y 30% del cableado de la demarcación está en desuso. La cifra fue difundida por la alcaldía sin acompañarse de una metodología verificable en el comunicado.
El caso plantea un reto jurídico y administrativo: identificar qué instalaciones representan riesgo, determinar quién es responsable de ellas, notificar a los operadores y ejecutar las medidas previstas en la ley sin trasladar indiscriminadamente los costos a la ciudadanía.
Para resolverlo hacen falta inventarios técnicos, coordinación institucional y decisiones fundadas. La denuncia política puede abrir el debate, pero la intervención sobre infraestructura y las sanciones requieren sustento normativo y evidencia.
