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LITIGIOEL DERECHO EXPLICADO
Abogacía / EJERCICIO PROFESIONAL

Lenia Batres y la Corte: los tres expedientes jurídicos detrás del pleito entre ministros

El choque entre Batres y otros ministros no fue solo político. Un amparo de marcas, la revisión de un engrose del ISSSTE y una facultad de atracción fiscal exponen debates procesales distintos.

Lenia Batres durante un acto relacionado con el Poder Judicial. Fotografía de archivo de Capital CDMX.

La sucesión en la presidencia de la Suprema Corte se coló en una discusión que, en su origen, era estrictamente jurídica. El 9 de noviembre, Lenia Batres Guadarrama chocó con el presidente Hugo Aguilar Ortiz y con varios integrantes del pleno durante el estudio de un proyecto sobre propiedad industrial. Pero el episodio exige separar el enfrentamiento verbal de los problemas procesales que realmente se sometieron a votación.

En una semana se acumularon tres frentes: el plazo aplicable a la nulidad de una marca ante el IMPI, la redacción de una sentencia por presunta negligencia médica en el ISSSTE y el alcance de la facultad de atracción en una controversia fiscal millonaria. Cada expediente plantea preguntas jurídicas diferentes; ninguno se entiende bien si se reduce a una disputa de personalidades.

1. Amparo directo en revisión 2286/2026: plazos del IMPI

El proyecto de Batres examinó la constitucionalidad de los artículos 187, 188, 193 y 199 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, cuestionados por no establecer expresamente un plazo de resolución y notificación en ciertos procedimientos de nulidad de marcas.

La discusión era si esa ausencia dejaba a las personas sujetas a procedimientos administrativos en una situación de incertidumbre incompatible con la seguridad jurídica, el debido proceso y el acceso a la justicia. El argumento del proyecto descansó en la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA): su artículo 17 contempla, como regla general, un plazo de tres meses para resolver.

Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía pidieron aclarar la consistencia del razonamiento. Si la norma administrativa aporta un plazo supletorio, debía explicarse con precisión cómo operaba y cómo se resolvía el cuestionamiento constitucional. Batres respondió que no existía contradicción en su propuesta.

Durante el debate también surgieron diferencias sobre los efectos y términos del fallo, y se cruzaron comentarios sobre caducidad y prescripción, categorías distintas: la primera puede referirse a la extinción de facultades o consecuencias por el transcurso de determinados plazos; la segunda, a los efectos del tiempo sobre la posibilidad de exigir una acción o derecho, según el régimen jurídico aplicable.

Resultado: el pleno aprobó el proyecto por ocho votos contra uno. Consideró que los artículos impugnados no vulneraban por sí mismos los derechos invocados porque la LFPA establece límites temporales aplicables de manera supletoria. De acuerdo con la información sobre la sesión, el parámetro incluye tres meses para resolver y diez días para notificar. Las objeciones públicas no deben confundirse con el sentido final de la votación.

2. Indemnización por presunta negligencia en el ISSSTE: el problema del engrose

Unos días antes, el 4 de noviembre, la Corte discutió el caso de una mujer fallecida en un hospital del ISSSTE. La controversia incluía cuándo comienza el plazo de dos años para reclamar una indemnización: para el proyecto de Batres, desde la entrega del acta de defunción; para seis integrantes, desde que los familiares tuvieron conocimiento de la posible negligencia que ocasionó la muerte.

La diferencia puede decidir si una reclamación es oportuna. Además, no es lo mismo devolver un expediente para un nuevo estudio que conceder directamente un amparo. Los ministros debatieron tanto el criterio temporal como los efectos de la sentencia.

La disputa adquirió una dimensión institucional al discutirse el engrose, es decir, la redacción final que incorpora lo decidido por el tribunal. Arístides Guerrero García y Giovanni Figueroa expresaron reservas sobre aprobar de inmediato una nueva versión cuyos argumentos y efectos debían cambiar sustancialmente. Batres ofreció incorporar los razonamientos votados por la mayoría.

Por cinco votos contra cuatro se aplazó la conclusión del asunto hasta examinar el texto revisado. La postergación no constituyó un rechazo definitivo de la pretensión de la familia ni una sentencia final de responsabilidad médica.

3. Facultad de atracción 640/2025: el caso Juegos del Bajío

El 9 de noviembre el pleno también rechazó, por siete votos contra dos, que la Corte asumiera el conocimiento de un litigio vinculado con un crédito fiscal del SAT por alrededor de 4 mil 306 millones de pesos reclamado a Juegos del Bajío.

Batres sostuvo que existían indicios de utilización de un contrato presuntamente falso y defendió la relevancia de que el tribunal examinara el asunto. Sara Irene Herrerías apoyó la atracción, pero la mayoría no la consideró procedente.

Conviene distinguir el alcance de esta determinación. La facultad de atracción permite que la Corte conozca excepcionalmente de asuntos por su interés y trascendencia. Rechazar ejercerla no equivale a verificar la autenticidad de un contrato, absolver penalmente a una empresa ni resolver directamente el fondo de una controversia fiscal. La vía jurisdiccional y los efectos de los fallos previos deben estudiarse en sus expedientes respectivos.

La disputa por la presidencia no sustituye la argumentación

Batres sugirió que las objeciones a sus proyectos podían estar relacionadas con la sucesión de la presidencia del tribunal en 2027. Yasmín Esquivel rechazó esa interpretación y sostuvo que sus discrepancias eran técnicas. Hugo Aguilar debió intervenir para ordenar el uso de la palabra; Loretta Ortiz objetó expresiones que consideró poco favorables para el debate colegiado.

La dimensión institucional tiene consecuencias concretas. La discusión sobre el engrose obliga a garantizar fidelidad entre la votación y la sentencia publicada. El debate sobre plazos administrativos exige claridad para las personas sometidas a procedimientos del Estado. Y la distinción entre facultad de atracción y decisión de fondo evita presentar como cosa juzgada aquello que el pleno no examinó.

La controversia entre ministros es relevante, pero la medida de la nueva Corte será la calidad, coherencia y publicidad de sus razones, incluso cuando sus integrantes discrepen.

Documentos y seguimiento: expediente 2286/2026 en SIJUD; crónica y resultado de la sesión; debate del caso ISSSTE; votación sobre la atracción fiscal; Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Redacción · Abogacía
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