¿Quién debe responder cuando una carga internacional no llega en las condiciones pactadas? Esa es la cuestión jurídica central de una iniciativa presentada por la diputada federal Luz María Rodríguez Pérez, de Morena, para reformar el Código de Comercio. Un boletín legislativo del 10 de noviembre precisa el contenido del proyecto, ingresado el día 4 del mismo mes.
La propuesta, trabajada con representantes de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA), pretende reconocer un marco mercantil específico para los agentes internacionales de carga y delimitar las obligaciones que asumen al intervenir en la cadena logística.
Intermediario logístico frente a transportista contractual
Rodríguez Pérez propone incorporar siete artículos al Código de Comercio. La distinción relevante no dependería únicamente del nombre comercial del prestador, sino de lo que éste se obligue a hacer frente al cliente.
Si el agente actúa como intermediario o coordinador, no respondería automáticamente por incumplimientos imputables de forma exclusiva a un transportista externo. Esto no lo eximiría del cumplimiento de sus deberes propios, incluidas las instrucciones de contratación y coordinación que haya aceptado.
Por el contrario, cuando un operador asume contractualmente el transporte, conservaría responsabilidad frente al cliente aunque encomiende la ejecución material a un tercero. La subcontratación, por sí misma, no permitiría desconocer la prestación asumida.
Esta diferenciación podría tener efectos prácticos en controversias por retraso, daño o pérdida de mercancías, así como en la distribución de riesgos y reclamaciones entre operadores. El resultado de cada litigio dependería de los contratos, las pruebas y la legislación aplicable; no puede anticiparse con el boletín.
Registro electrónico y límites competenciales
El proyecto crea un Registro Nacional de Agentes Internacionales de Carga a cargo de la Secretaría de Economía. Sería electrónico, declarativo y no habilitante: registrarse no equivaldría a obtener por esa vía permisos aduaneros o de transporte que otras leyes puedan exigir. La vigencia propuesta es de cinco años.
Para acreditar capacidad técnica se contemplan experiencia, capacitación o certificaciones, sin establecer una antigüedad mínima para las empresas. De acuerdo con la legisladora, tampoco habría ampliación presupuestal ni creación obligatoria de nuevas estructuras administrativas.
Es importante precisar que la actividad logística ya está sujeta a reglas sectoriales, incluidas disposiciones aduaneras. La innovación planteada es la definición de responsabilidades mercantiles y el nuevo mecanismo declarativo; el boletín indica que no se modificarían las atribuciones de autoridades aduaneras y de transporte.
La ruta legislativa y las cuestiones pendientes
La diputada vinculó la reforma con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard. Reconoció a AMACARGA, presidida por Eva María Muñoz, por el trabajo técnico realizado con el sector.
Para evaluar el impacto jurídico de la iniciativa será necesario conocer el texto definitivo y su relación con el régimen general del contrato de transporte, los mecanismos de responsabilidad y la legislación aduanera. El diseño de un registro declarativo también obliga a precisar qué información será pública y cómo se verificará la capacidad técnica.
La propuesta no es derecho vigente: su contenido está sujeto al dictamen y a las decisiones del Congreso. Hasta que exista una reforma aprobada y publicada, no nacen obligaciones adicionales a partir de este anuncio.
Contexto: Reglas Generales de Comercio Exterior 2026; AMACARGA.
La propuesta presentada el 4 de noviembre y detallada en un boletín legislativo del 10 de noviembre sigue su trámite en la Cámara de Diputados: todavía no es una reforma aprobada.



