El caso de Richard Halliday reúne una investigación estatal cerrada y una denuncia presentada por su familia ante la Fiscalía General de la República. Los padres del militar estadounidense cuestionan las actuaciones realizadas en Chihuahua y señalan a la gobernadora Maru Campos y al fiscal Carlos Manuel Salas por una presunta intervención en el expediente.
De acuerdo con la información publicada por Animal Político, la denuncia fue enviada por correo electrónico a la FGR el 27 de mayo de 2026. El documento se incorporó al expediente federal relacionado con César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.
La carpeta iniciada en Ciudad Juárez
La Fiscalía General del Estado confirmó la existencia de la carpeta 37-2020-0031343, abierta el 2 de octubre de 2020 después de que Robert Halliday denunciara la desaparición de su hijo. La autoridad estatal informó que cerró esa investigación el 11 de abril de 2023.
Para explicar el cierre, citó información estadounidense sobre un cruce fronterizo del 28 de marzo de 2020, seguido de un regreso a El Paso pocos minutos después, sin posteriores ingresos registrados a México.
La FGE agregó que el Ejército de Estados Unidos cambió el estatus del soldado de desaparecido a fallecido el 24 de abril de 2024 y fijó como fecha de muerte el 23 de julio de 2020. Según la explicación estatal, el informe no precisó la causa ni la forma del fallecimiento y los restos no fueron localizados.
El documento que la familia llevó a la FGR
Los familiares incorporaron una reclasificación del Departamento del Ejército estadounidense, fechada el 24 de enero de 2025, que sitúa el deceso “en acto de servicio” en México. Además, sostienen que hubo manipulación de las actuaciones ministeriales en Ciudad Juárez.
La fiscalía estatal respondió que cualquier denuncia presentada ante la FGR corresponde a la autoridad federal. También negó que Halliday participara en el operativo de El Pinal de 2026; la cobertura citada no le atribuyó presencia física en ese operativo.
La controversia reúne así versiones distintas sobre la investigación de su desaparición y el alcance de los documentos estadounidenses. La familia pide que la autoridad federal examine sus señalamientos sobre el manejo del expediente estatal.
