El deslinde de representantes de trabajadoras sexuales trans por los daños atribuidos a protestas en el Hotel Maga, en la alcaldía Cuauhtémoc, obliga a distinguir dos planos jurídicos: el derecho a manifestarse y reclamar condiciones de trabajo, y la responsabilidad que pudiera derivarse de actos concretos de violencia o daños.
De acuerdo con la información publicada por Capital CDMX, integrantes de colectivos de la zona rechazaron los destrozos, señalaron afectaciones a su actividad económica y solicitaron investigar a las personas responsables. El pronunciamiento es relevante porque la pertenencia a un grupo o identidad no acredita participación individual en un hecho ilícito.
Protestar no equivale a cometer daños
Los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución mexicana protegen, en distintos ámbitos, la expresión, la difusión de ideas y la reunión pacífica. Esos derechos no autorizan por sí mismos daños a terceros, pero tampoco permiten tratar toda protesta como conducta delictiva.
Si se investigan daños a un inmueble, la autoridad debe precisar qué ocurrió, cuándo, cuál fue la afectación y qué elementos relacionan a cada persona investigada con los hechos. La imputación colectiva por cercanía geográfica, apariencia o identidad de género sería incompatible con la presunción de inocencia y el principio de responsabilidad personal.
Qué deben esclarecer las autoridades
Primero, la existencia y dimensión de los daños, con peritajes y documentación del inmueble. Segundo, la identificación de posibles responsables mediante evidencia verificable, no señalamientos genéricos. Tercero, las denuncias de amenazas o represalias formuladas por trabajadoras y personal del hotel, para determinar si requieren medidas de protección.
También corresponde separar las denuncias sobre condiciones de trabajo y seguridad en el espacio público de la investigación de actos violentos. Son asuntos que pueden coexistir sin que uno invalide automáticamente al otro.
El límite de lo conocido
Hasta la información disponible para esta nota, el deslinde público y las preocupaciones por represalias son declaraciones atribuidas a representantes. No equivalen a una resolución de autoridad que establezca quién cometió los daños ni quién fue ajeno a ellos.
El seguimiento jurídico debe concentrarse en las denuncias presentadas, las diligencias verificables y las determinaciones de la autoridad, respetando la dignidad de las personas involucradas.
Antecedente periodístico: Capital CDMX: colectivos trans rechazan destrozos contra Hotel Maga. Fuente primaria de las declaraciones: El Clarín. Fotografía ilustrativa.
