Una multa, una resolución administrativa o una controversia con una autoridad no necesariamente tienen que terminar en un litigio largo. La justicia administrativa mexicana está construyendo una segunda puerta: mecanismos de negociación, mediación y conciliación para los asuntos en los que la ley y la naturaleza del conflicto permiten alcanzar un acuerdo.
Ese modelo tendrá durante los próximos tres años a Luis Enrique Osuna Sánchez al frente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa, tras ser electo presidente durante la primera sesión ordinaria del organismo.
¿Qué hace este Consejo?
La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias lo reconoce como la máxima autoridad en esta materia. En él participan las personas titulares del Centro Público del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de los centros equivalentes de los tribunales administrativos de las entidades federativas.
Su función no consiste en resolver directamente cada controversia. Entre sus tareas están homologar criterios para capacitar y certificar facilitadores, establecer reglas para la publicación de convenios, mantener el registro de personas facilitadoras y fijar bases comunes para el funcionamiento del sistema.
¿Los MASC sustituyen al juicio?
No. Los mecanismos alternativos complementan la vía jurisdiccional. Cuando el asunto es legalmente susceptible de una solución consensuada y existe voluntad de las partes, pueden abrir una ruta para resolver el conflicto mediante diálogo y acuerdos. El derecho de acudir ante un tribunal permanece cuando corresponda.
El propio TFJA ya ha comenzado a informar en expedientes jurisdiccionales sobre el derecho de las partes a intentar esta vía. Boletines oficiales del Tribunal de 2025 y 2026 contienen acuerdos en los que se hace del conocimiento de las partes la posibilidad de resolver determinadas controversias mediante mecanismos alternativos.
El reto: que el convenio funcione en la práctica
La presidencia de Osuna plantea medir cuántas solicitudes se presentan, cuántos mecanismos realmente comienzan, cuántos concluyen con convenio y, sobre todo, si esos acuerdos se cumplen. Esa información será decisiva para saber si la justicia alternativa administrativa reduce tiempos y costos o se queda únicamente como una estructura institucional.
También se prevé una agenda de reformas legales para atender obstáculos detectados por los centros públicos y dar mayor certeza a autoridades y particulares.
Osuna Sánchez es director general del Centro Público de MASC del TFJA desde marzo de 2026 y anteriormente fue magistrado del Tribunal. Su elección coloca ahora bajo una misma presidencia nacional el desafío de convertir una figura prevista por la ley en una alternativa efectiva de acceso a la justicia administrativa.
