El 2 de octubre no es sólo una fecha de memoria histórica. Desde 2024 existe además un acto formal del Estado mexicano que reconoce que la violencia gubernamental ejercida contra el movimiento estudiantil en Tlatelolco fue constitutiva de un crimen de lesa humanidad.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2024, cambió el plano institucional del reconocimiento: el Ejecutivo federal asumió políticamente la responsabilidad del Estado, ofreció una disculpa pública y estableció compromisos de no repetición.
¿Qué reconoce exactamente el acuerdo?
El artículo primero reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 contra integrantes del movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad.
El propio instrumento distingue ese reconocimiento político de las consecuencias que puedan reclamarse por otras vías. Su artículo cuarto deja expresamente a salvo los derechos que legalmente correspondan a las víctimas y sus familiares.
Memoria, justicia y no repetición
El acuerdo compromete al Ejecutivo federal a garantizar la no repetición de actos de represión, privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, cárceles clandestinas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También establece que el reconocimiento político debe servir para impulsar actos posteriores de justicia y preservar la memoria histórica. Jurídicamente, una disculpa pública no equivale por sí sola a una sentencia penal ni sustituye los procedimientos destinados a determinar responsabilidades individuales.
Responsabilidad del Estado y responsabilidad individual
Conviene separar dos planos. El reconocimiento de responsabilidad del Estado identifica institucionalmente la gravedad de los hechos y genera compromisos públicos frente a las víctimas y la sociedad. La atribución de responsabilidad penal a personas concretas exige, en cambio, los procedimientos, pruebas y resoluciones correspondientes.
En la disculpa pública de 2024, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que la represión fue concebida, ejecutada y encubierta desde la más alta autoridad del poder público y ubicó la responsabilidad principal en el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Por qué el 2 de octubre sigue teniendo dimensión jurídica
A 58 años de Tlatelolco, la marcha convocada este viernes por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas mantiene demandas de verdad, justicia y no repetición. Esa exigencia convive ahora con un reconocimiento formal del propio Estado.
La relevancia jurídica de la fecha está precisamente en esa tensión: reconocer un crimen de lesa humanidad constituye un acto institucional relevante, pero los derechos de las víctimas, la investigación de responsabilidades y las garantías efectivas de no repetición pertenecen a planos que no se agotan con una declaración política.
